¿Pueden las actividades extractivas coexistir con otras actividades y espacios económicos, ambientales y sociales, y convertirse en un elemento importante vinculado a procesos de desarrollo social?
La respuesta a esta pregunta en más de un país o región es un preocupado escepticismo, no sólo perceptible en grupos que mantienen cuestionamientos a la actividad extractiva, sino de las poblaciones, gobiernos y hasta las propias empresas, que han depositado en el desarrollo de algunos de estos proyectos importantes expectativas de crecimiento económico y mejoramiento de condiciones sociales.
En el supuesto ideal, la llegada de grandes inversiones, con su promesa de financiamiento, tecnología y modernas capacidades de gestión, debería tener como consecuencia en algún plazo dado un mejoramiento visible y sostenido de las oportunidades y las condiciones de vida, seguridad y gobernabilidad de regiones, países y localidades donde interviene la actividad extractiva.
Sin embargo, lo que parece ser más común es la percepción de conflictos, corrupción, desconfianza en el compromiso y en la capacidad de regulación de los gobiernos, y limitadas mejoras sociales y económicas en poblaciones y entornos locales vinculados con actividades extractivas. Esta percepción refuerza la idea de una incompatibilidad fundamental entre la implementación de actividades extractivas y los procesos de desarrollo sostenible.
La “maldición de los recursos”
Estas condiciones, por desgracia, no son novedosas y suelen identificarse en diversos contextos históricos y geográficos bajo la noción de “la maldición de los recursos”. Es decir, la idea de que la existencia de recursos naturales con alta demanda en los mercados no genera los beneficios esperados para una región, país o localidad, sino más bien desencadena una serie de problemas que agravan las situaciones de precariedad económica, social, ambiental e institucional.
En el caso de países como el Perú, cuya integración a los circuitos económicos mundiales ha estado marcada principalmente por la abundancia y la extracción de recursos naturales, es importante analizar y discutir los factores que deben ser tomados en cuenta para sostener una vinculación más productiva entre extracción y desarrollo. Esto es más relevante en momentos en los que, a pesar de los temores causados por la crisis económica global de los últimos años, es probable que se mantengan niveles de demanda y precios que sostengan el interés por desarrollar el sector extractivo en países con abundancia de recursos estratégicos. En este mismo escenario, la demanda por la obtención de recursos naturales, va de la mano con una cada vez mayor demanda de priorizar el cuidado ambiental, la responsabilidad con las comunidades humanas, y por asegurar una distribución más amplia y equitativa de las oportunidades y beneficios del desarrollo económico.
Exorcizando la maldición
Las experiencias de articulación de actividades extractivas con procesos de desarrollo, especialmente en regiones con menor desarrollo económico e institucional, sugieren que existen efectivamente factores que dificultan una adecuada interacción entre objetivos y prioridades locales y la intervención de un proyecto extractivo.
En los últimos años, como parte de la reflexión y la práctica del concepto de Responsabilidad Social Corporativa, son cada vez más las empresas que, además de cumplir con su obligación de acatar las normas y obligaciones tributarias correspondientes a su actividad, asignan importantes recursos financieros, técnicos y humanos para desarrollar procesos de inversión social en las localidades y países en los que operan.
Algunos de estos procesos han producido resultados importantes para las poblaciones y empresas involucradas, pero es frecuente encontrar también importantes factores que dificultan una articulación eficaz entre las prioridades del desarrollo de una localidad, región o país y la intervención social de los proyectos extractivos.
Factor clave: las capacidades locales para asimilar adecuadamente los riesgos y oportunidades de una gran inversión
Entre las muchas posibles lecciones de la experiencia, uno de los principales factores que afectan la posibilidad de que la inversión social privada produzca resultados visibles y satisfactorios tiene que ver con el bajo nivel de desarrollo de las capacidades humanas e institucionales existentes en determinados entornos sociales.Una importante proporción de grandes proyectos extractivos en países en desarrollo tiene lugar en espacios caracterizadas por situaciones de alta exclusión social, económica y política de muy larga data, cuyas poblaciones y gobiernos cuentan con muy pocas capacidades para poder asimilar en provecho propio el ingreso de una gran inversión en su localidad. Es común que sean otros actores más capacitados quienes aprovechen más rápida y efectivamente las oportunidades generadas por la actividad extractiva.
La precariedad social, económica y política de estos entornos sociales dificultan los procesos de diálogo, negociación, representación política, regulación, supervisión, planificación y gestión eficaz y transparente que son indispensables para garantizar a todas las partes interesadas que los riesgos y oportunidades generados a partir de una actividad extractiva van a regularse y distribuirse de manera adecuada, equitativa y oportuna. La asimetría básica entre proyectos extractivos con grandes capacidades técnicas y financieras, y espacios social, política y económicamente frágiles, cuando no es debidamente reconocida y controlada, es el principal obstáculo para un diálogo más equilibrado y una planificación concertada que oriente mejor los recursos privados de acuerdo con las prioridades de desarrollo de sus entornos sociales.
Cuando la entrada de grandes inversiones y proyectos extractivos se produce en estas condiciones, lo más probable es que, a pesar de los recursos, voluntad y buenas intenciones invertidas, la mayor parte de las oportunidades y beneficios no se trasladen de manera oportuna y efectiva a las comunidades, regiones o países involucrados, alimentando por el contrario la frustración de expectativas, la precariedad institucional y la desconfianza en las posibilidades de que la actividad extractiva forme parte de una estrategia de desarrollo y sostenibilidad.
Actividad extractiva hoy y capital humano e institucional para el futuro
En el caso de los países tradicionalmente dependientes de sectores extractivos como actividad económica principal, en particular cuando esta dependencia es cuestionada por visiones de futuro alternativo que buscan superar el extractivismo, es indispensable evaluar de qué forma se espera alcanzar esta transición y cómo vincular el crecimiento basado en los recursos no renovables con el desarrollo de capacidades humanas e institucionales.
Los gobiernos, las empresas y las comunidades en estos países deberán invertir mucho esfuerzo, recursos y madurez para diagnosticar sus problemas de interacción, e identificar los intereses comunes y los instrumentos de diálogo y gestión que les permitan superar la desarticulación que aún subsiste entre extracción y desarrollo.
