El 11 de diciembre participamos en la sesión del Comité de Derechos Humanos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), un espacio de reflexión y diálogo sobre los desafíos actuales de la debida diligencia en derechos humanos con pueblos indígenas en el Perú.
Durante la sesión, se abordaron los alcances del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las tensiones existentes en la implementación de la consulta previa. Desde nuestra experiencia, reafirmamos que la debida diligencia ya no puede entenderse únicamente como un ejercicio de cumplimiento normativo, sino como una herramienta clave para gestionar riesgos reales, construir legitimidad y fortalecer relaciones sostenibles con los territorios.
Nuestro director ejecutivo, Miguel Cervantes, presentó la ponencia “Debida diligencia en pueblos indígenas: avances y retos desde la práctica”. En su intervención, señaló que la debida diligencia en derechos humanos debe asumirse como un sistema de gestión continuo, integrado a toda la organización y a lo largo de la cadena de valor, y no como un estudio aislado o una auditoría puntual. Desde nuestra mirada, el verdadero desafío no está en el diagnóstico, sino en la implementación efectiva de las recomendaciones, especialmente en contextos de alta complejidad social, institucional y territorial como los que caracterizan al país.
Asimismo, compartimos que este enfoque transforma la gestión tradicional del riesgo, al colocar en el centro a las personas potencialmente afectadas por las decisiones empresariales. Esto implica revisar procesos internos, clarificar responsabilidades, fortalecer capacidades y avanzar con hojas de ruta progresivas, realistas y transparentes, que permitan generar mejoras sostenibles en el tiempo.
Nuestra gerente de proyectos, Angela Acevedo, aportó una mirada complementaria desde su experiencia en gestión social y trabajo territorial. En su intervención, puso énfasis en la brecha de información existente sobre los pueblos indígenas y en la necesidad de reconocer que las comunidades no son realidades estáticas, sino territorios dinámicos, transformados por décadas de interacción con el Estado y las actividades extractivas.
Desde nuestra experiencia, uno de los principales retos es reconstruir la confianza en procesos que muchas comunidades perciben como formales o alejados de resultados concretos. La debida diligencia solo cobra sentido cuando incorpora de manera genuina la participación de las personas afectadas, reconoce las memorias territoriales e impactos históricos y permite comprender dimensiones culturales y sociales que no siempre son visibles en los análisis técnicos.
La sesión nos permitió reflexionar también sobre desafíos emergentes, como la implementación de la debida diligencia en la cadena de suministro, el rol de las empresas comunales indígenas, la gestión de impactos acumulados del pasado y las dificultades para traducir compromisos en decisiones operativas consistentes.
Desde CCPM, valoramos estos espacios de diálogo como fundamentales para elevar el estándar de la gestión social y de derechos humanos en el país, y reafirmamos nuestro compromiso con una práctica profesional orientada a construir relaciones más justas, legítimas y sostenibles con los pueblos indígenas y los territorios donde operan las empresas.
