A pesar de los más de 5.3 mil millones de soles que Moquegua ha recibido entre 2012 y 2024 por concepto de canon minero, la pregunta persiste: ¿por qué estos recursos no se reflejan aún en mejores condiciones de vida para su población? Esta fue la interrogante que convocó a más de 130 representantes de instituciones públicas, sector privado, academia y sociedad civil en el Foro Regional ¿Cómo convertir el canon minero en desarrollo real para Moquegua?, organizado por CCPM Grupo Consultor y Results for Development (R4D), en el marco de la iniciativa Converge Moquegua.
El evento, realizado el 10 de julio en el Auditorio de la Escuela Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social de la Universidad Nacional de Moquegua, fue una oportunidad no solo para evidenciar los problemas ya conocidos, sino para comprender el verdadero fondo del asunto: el desafío no está en cuánto se gasta, sino en cómo se invierte y con qué capacidades cuenta la región para convertir esos recursos en bienestar concreto. Porque aunque el Gobierno Regional de Moquegua logró una ejecución presupuestal del 82% en 2024, la región sigue rezagada en eficiencia y calidad de la inversión pública, ocupando el puesto 21 de 25 en el Índice Regional de Eficiencia en la Inversión Pública (IREI). Esto nos lleva a una conclusión inevitable: ejecutar más no garantiza mejores resultados si no se fortalece la capacidad de gestión y planificación con visión estratégica.
En su presentación, el especialista en descentralización Raúl Molina reveló que los ingresos por canon y regalías del Gobierno Regional crecieron en 268% entre 2019 y 2024, mientras que en los gobiernos locales el incremento fue de 274% en el mismo periodo. Sin embargo, esta abundancia de recursos no ha significado mejores condiciones de vida para la población. Además, alertó sobre las desigualdades en la distribución del canon a nivel nacional: el 46% de las municipalidades del país recibió 5 millones de soles o menos entre 2008 y 2021, mientras que solo un 7% superó los 100 millones en ese mismo periodo. Estas cifras reflejan no solo la inequidad en la asignación de recursos, sino la limitada capacidad de gestión en muchos territorios.
Molina propuso medidas concretas tanto desde el ámbito de las políticas nacionales como desde el propio territorio. Desde el Estado, señaló la urgencia de implementar una política nacional de desarrollo territorial, promover Contratos Plan que vinculen recursos con metas específicas, fortalecer las agencias regionales de desarrollo y redefinir el enfoque del sistema de control para priorizar los resultados sobre los procedimientos. Desde el territorio, planteó la necesidad de construir agendas de desarrollo consensuadas, fomentar coaliciones multiactor, desarrollar proyectos multipropósito y promover veedurías ciudadanas que aseguren un control social efectivo sobre la inversión pública. En este marco resaltó experiencias como las de Converge Moquegua, como espacios de vigilancia ciudadana para el seguimiento de objetivos de desarrollo.
Por su parte, Paola Bustamante, directora de Videnza Instituto, complementó el diagnóstico con cifras que evidencian las ineficiencias de la inversión pública en la región. A pesar de que Moquegua ha logrado altos niveles de ejecución presupuestal, los indicadores de acceso y calidad de servicios básicos no presentan mejoras significativas. Por ejemplo, el acceso al agua por más de 12 horas al día apenas supera el 78%, mientras que el acceso a saneamiento sigue estancado en torno al 69%. Bustamante también advirtió que solo seguir la ejecución presupuestal sin un enfoque integral puede conducir a conclusiones erradas, porque detrás de esos números se esconden sobrecostos, retrasos y proyectos paralizados o de baja calidad. De hecho, Moquegua registró proyectos con sobrecostos superiores al 200%, varios de ellos financiados con recursos del canon.
Bustamante propuso utilizar herramientas como el Índice de Eficiencia en la Inversión Pública para evaluar no solo cuánto se invierte, sino cómo se gestiona cada etapa del ciclo de inversión. Además, sugirió priorizar proyectos que generen impactos sostenibles y medir la inversión pública por el cierre de brechas sociales y económicas, no solo por la velocidad de gasto.
El foro cerró con un llamado claro: no podemos seguir midiendo el éxito del canon solo por cuánto se ejecuta, sino por el impacto real que genera en la vida de las personas. Las propuestas construidas colectivamente en este espacio marcarán un punto de partida para una agenda urgente y necesaria de reformas y acciones concretas.
El foro regional se realizó como parte de las actividades del Proyecto Desarrollo sostenible en una región minera: fortaleciendo el diálogo y la gobernanza en Moquegua, implementado por CCPM Grupo Consultor con el financiamiento de Results for Development.
